Clamor colectivo: ¡Un país sin violencia, libre de corrupción y desigualdad!
Anhelan otro país para sus hijos.
No piensan emigrar, no son parte del 42% con intención de irse, buscar el
exilio económico o un ambiente con menos sobresaltos y acechos delictivos,
donde la desigualdad no alcance indignantes desmesuras. Otro país para sus
hijas. Sí, pero dentro de su propio territorio, el lar natal, la tierra de los
ancestros que inculcaron honestidad y laboriosidad, de los fundadores de la
nación con ideales de justicia y equidad, de una auténtica democracia.
Una sociedad que valore la vida,
sin la ola de violencia y corrupción impune ni agresiones brutales como la
inseguridad física y económica, desempleo y míseros salarios. Libre de
feminicidios y abuso infantil, sin niños y niñas violados y asesinados, en la
que el 67% no sufra algún tipo de violencia física o psicológica.
Es el clamor de dominicanos y
dominicanas deseosos de retener a sus hijos e hijas, porque los jóvenes
predominan entre los que quieren marcharse de un país que no les ofrece
oportunidades de trabajo y empleo de calidad.
Es el grito vehemente de hombres y
mujeres que vieron pasar diecisiete años del siglo 21 sin una reducción
sustancial de la pobreza, no precisamente por falta de recursos, pues en
República Dominicana, líder del crecimiento económico en América Latina y el
Caribe, ¡el dinero sobró!
Ciudadanía activa. El clamor se
repite en personas conscientes de que, si bien el hogar es fundamental en la
forja de una sociedad con un código ético que norme sus acciones y la de sus
descendientes, están convencidas de la necesidad de una ciudadanía activa que
frene la negación de derechos, la degradación humana y ambiental.
Derechos, no dádivas. Aspiran vivir
en un país con una población que acabe de entender que el empleo, la educación
y la salud son derechos, no dádivas, y que logre liberarse del clientelismo
envilecedor.
Y están prestos a luchar para
construir una sociedad inclusiva. No solos, por supuesto. Perciben fuerzas
contenidas que se liberan y encaminan hacia esa dirección, gente que se despoja
de la apatía, hastiadas por el dispendio del gasto público entre tensiones
económicas y sociales que asfixian a los estratos medios y bajos e intoxican la
cotidianidad. Ciudadanos y ciudadanas que, aunque ven signos esperanzadores de
un despertar en la adormecida conciencia dominicana, no dudan de la urgencia de
mayor cohesión social, de empoderamiento en los que disienten del statu quo
político, económico y social.
Un sentir colectivo. Las voces de
profesionales y obreros, de padres y madres inquietos por el presente y futuro
de su prole. Profesoras universitarias que infunden optimismo a su alumnado,
instándolo a la solidaridad, a un compromiso social.
Religiosos de varios credos que
observan en feligreses una ruptura con la falta de solidaridad que ha hecho
posible la pasividad y el silencio, la permisividad.
Unos reaccionan con indignación o
encono, otros enfatizan que basta de lamentaciones y están decididos a unirse a
cuantos estén dispuestos a edificar una nación donde se concreten los derechos
económicos, sociales y culturales a toda la población.
Aspiran que la ciudadanía los
demande, tal como hizo con el 4% para la educación. Y se preguntan por qué los
políticos no actúan espontáneamente sin que la gente tenga que lanzarse a la
calle, marchar, quitar tiempo al trabajo, al hogar.
Difícil entender la inacción, la
obnubilación, la razón por la que ante señales tan evidentes de deterioro
social, el liderazgo político y económico no reaccione. No comprenden por qué
dejar pasar años, decenios, sin cambios tantas veces prometidos contra la
desigualdad, la corrupción y la delincuencia.
No ignoran la realidad dominicana.
Saben que las sociedades más igualitarias son las menos violentas, que la
acumulación excesiva de riqueza en medio de tanta desigualdad tiene
repercusiones nefastas, un efecto de bola de nieve si se deja sin control.
Desactivar tendencias. Los
gobernantes pueden tener un rol constructivo en la desactivación de esas
tendencias. Pero no actúan en consecuencia. Están acostumbrados a que los dejemos
actuar sin rendir cuentas, pues durante decenios han tenido de frente a una
población sumisa, de conciencia anestesiada.
Y, al parecer, no vislumbran otra
vía que empoderarse, investirse de poder, para que entiendan la urgencia de
transformaciones estructurales para contener una situación que llega al clímax.
De tal modo, esa sociedad inclusiva habrá que conquistarla, construirla día
tras día, como en otros países han hecho.
Para que no se vayan. Anhelan un
mejor país para los que están y los que vendrán, donde los jóvenes tengan
oportunidades de movilidad social, para que no se vayan y el país no pierda su
vigor juvenil.
Una nación en la que los políticos
no se enriquezcan corrupta e impunemente, ni aprovechen de la pobreza para
atarse al poder. Donde empresarios no amontonen riquezas al precio de la
miseria ajena y se erradiquen los privilegios, el tráfico de influencia,
favores, concesiones y mecanismos institucionales que legitiman, reproducen y
perpetúan la desigualdad.
Una inequidad que, al tocar extremos,
conspira contra el desarrollo, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad
democrática, que se refleja en el territorio, generando costos de productividad
y deterioro ambiental, comprometiendo el desarrollo de generaciones presentes y
futuras.
Las desigualdades
1. Género
La exclusión social en RD tiene su
más dramática expresión en la violencia que desgarra el hogar, el machismo que
pone fin a la vida de más de cien mujeres cada año y deja miles de huérfanos.
Somos el tercer país de América Latina con mayor índice de feminicidios, 3.6
por cada 100 mil mujeres. Urgen acciones efectivas que conduzcan a una vida
libre de violencia, al derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación
integral en sexualidad, la igualdad del empleo, sin discriminación salarial,
lograr la paridad política y mayor participación en la toma de decisiones.
2. Territorio
Existe gran desigualdad
territorial, rural y urbana, entre regiones y provincias, dentro de una ciudad,
sobre todo en barriadas urbanas y rurales; 24 provincias del país tienen una
tasa de pobreza sobre 50 y 70%, muy superior a la media nacional: Elías Piña,
Pedernales, Baoruco, Independencia, Santiago Rodríguez, Dajabón, Barahona,
Azua, Monte Plata y El Seibo. Lo evidencia una serie de indicadores: desarrollo
humano, ingreso per cápita y acceso a servicios públicos. Históricamente la
planificación ha incidido en los desequilibrios territoriales, privilegiando al
Gran Santo Domingo, Santiago y zonas turísticas de la región Este.
3. Vivienda
La desigualdad en la vivienda, tan
visible y dispar, se aprecia en campos y ciudades desde chozas que apenas se
sostienen hasta torres de lujo, edificios inteligentes, mansiones y villas
ostentosas. El déficit habitacional se estima en 865,829 unidades y la oferta
solo representa el 8.2% de lo necesario, según un estudio de Oxfam
Internacional. El 90% de los proyectos para desplazados están en el Gran Santo
Domingo, no en zonas más pobres. Y en el programa de fideicomisos que emprendió
el Gobierno con un aval para facilitar terrenos, su precio excluye de esta
opción a la mayoría de los necesitados.
4. Educación
El país debe garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de
aprendizaje, pero la exclusión caracteriza nuestro sistema educativo, con
colegios para ricos y escuelas de pobres. La expansión de la cobertura en
enseñanza primaria fue a expensas de la calidad; en muchos casos los
indicadores están por debajo del promedio regional y la mayoría muestra un
desempeño inferior al esperado. El informe PISA nos sitúa en la última posición
en ciencias y matemáticas y en lectura la cuarta entre los ocho peores lugares.
Es preciso lograr la igualdad de oportunidades, que niños, niñas, adolescentes
y jóvenes pobres tengan acceso a mejor servicio educativo, sin tan marcadas
diferencias en campos y ciudades. El 81.2% del estudiantado está matriculado en
centros de zona urbana y 18.8% de la rural.
5. Salud
La desigualdad acorta la vida de
los pobres, con mayor prevalencia en morbilidad y mortalidad en RD, segundo
país de AL, con la más alta tasa de mortalidad neonatal: niños y niñas que
mueren antes de cumplir 28 días nacidos, la mayoría de estratos sociales bajos.
En mortalidad infantil, la tasa de los fallecidos antes de cinco años es de
21.8 por cada mil nacidos. La misma registra un aumento de 31.9% interanual y
en lo que va de 2018 los infantes muertos suman más de 800. En mortalidad
materna, 101 por cada 100 mil mujeres, ocupamos el cuarto lugar regional,
muchas son adolescentes. De cada 100 dominicanas embarazadas 23 son niñas o
adolescentes.
Fuente: www.hoy.com.do
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