Marcha Verde exige investigación penal de Punta Catalina
La Marcha
Verde solicitó hoy el inicio inmediato de una investigación penal del proceso
de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a
carbón de Punta Catalina, como lo sugieren Servio Tulio Castaños Guzmán, varias
de las empresas que participaron en la licitación y la Procuraduría General de
la República en el documento de solicitud de medida de coerción por el caso
Odebrecht.
Para el
movimiento, en su condición de miembro de la comisión cosmética designada por
el presidente Danilo Medina para investigar la adjudicación de las plantas,
Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigue
Punta Catalina y sobre los indignantes altos niveles “de irresponsabilidad de
la firma Stanley Consulting”.
Además, la
Marcha Verde recuerda que el contrato de las plantas se firmó en el período en
que Odebrecht reconoció haber pagado US$92 millones en sobornos para la
obtención de obras en República Dominicana. Esta afirmación de la
multinacional, resalta, se valida en la solicitud de medida de coerción en la
que el procurador Jean Alain Rodríguez asegura que Ángel Rondón Rijo pagó
sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la central
termoeléctrica.
“Lo dice
Servio Tulio, lo dice por escrito el procurador, lo dicen empresarios que
participaron en la licitación, lo reconoce Odebrecht y lo denuncian varios de
los más importantes especialistas del país: Punta Catalina es cuerpo del delito
y debe ser investigada penalmente, no desde una comisión cosmética nombrada por
un sospechoso del caso”.
El
movimiento verde también considera que el Congreso Nacional tiene la obligación
de revisar el dudoso contrato de arrendamiento de terrenos para construir las
plantas a carbón, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones
Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini.
La Marcha
Verde advierte que esos terrenos deben declararse de utilidad pública e interés
social, de forma tal que la planta quede sobre un inmueble propiedad del Estado
y no a nombre de la familia Vicini como se encuentra actualmente, y así
asegurar la titularidad sobre la central eléctrica y las facilidades portuarias
construidas con recursos del pueblo dominicano.
“Los hombres
y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por
comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar
porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e
institucional”, advierte el movimiento que realizará una marcha nacional el
próximo domingo 16 de julio, desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez
con John F. Kennedy hasta el Centro de los Héroes.
Comisión viola orden institucional
Según la
Marcha Verde, la designación de una comisión para investigar todo lo
concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central
Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por el presidente Danilo Medina evidencia
el lodazal y el desorden institucional en el que se encuentra el país, así como
la disposición de diferentes sectores a violar abiertamente la Constitución de
la República y todo el marco jurídico de la administración pública.
El artículo
128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17 no le
confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de
comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de
fiscalización o control, para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter
de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado, recordó la
agrupación ciudadana.
Marcha Verde
califica a la comisión, a las acciones de ésta y a su informe de atentados al
Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena Justicia, a la
división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos
de casos complejos, evidenciando el interés de encubrir y proteger a la gestión
de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano.
A pesar de
la intención del presidente Danilo Medina de utilizar esta comisión para
encubrir las irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación,
financiamiento y construcción, los hallazgos encontrados son de magnitud y
contundencia tal que la comsión debió consignarlos en el informe, aunque en sus
conclusiones intentaran manipular las consecuencias de estos.
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