Diputados respaldan variación medidas de coerción Odebrecht
Si en algo coinciden los diputados Fidel Santana, del Frente
Amplio, y el vocero de la bancada peledeísta, Gustavo Sánchez, es en su respaldo
a la variación de las medidas de coerción a varios de los imputados en el caso
Odebrecht.
Para ambos, los acusados no corren el riesgo de fugarse ni de
sustraerse del proceso, pues tienen suficiente arraigo en el país.
Por tanto, aprecian la decisión adoptada por la Sala Penal de
la Suprema Corte de Justicia, en función de Corte de Apelación.
Sin embargo, la perspectiva del caso divide a Santana y
Sánchez.
Para el primero, el expediente presentado por el Ministerio
Público es una “pantomima acusatoria”, pues carece de solidez probatoria.
“Esto ha buscado tres propósitos: desmantelar la movilización
ciudadana a través de la Marcha Verde, repartir culpas entre los opositores y
desmadrar el contendor interno que tiene el presidente Medina”, observa.
Solo espera que el caso “no termine engavetado por
insuficiencia de pruebas, tal y como denuncia la jueza Miriam Germán Brito en
su escrito”.
En tal virtud, defiende la disidencia de la magistrada, pues
cree que el Ministerio Público no ha presentado pruebas sólidas y el procurador
general le ha dado un manejo político al caso.
Sánchez no es tan pesimista. Su parecer es diametralmente
opuesto al de su homólogo: confía en que el caso llegará al fondo y se
fortalecerá con las investigaciones que desarrolla la parte acusatoria.
“Vamos a esperar el juicio de fondo, vamos a ver qué tanto
tienen ellos en su haber, o sea, habrá una investigación y, al final, lo que
debe primar es que si hay algún culpable que se demuestre, y si no hay nadie,
que también se demuestre”, precisa.
En cuanto a la modificación de las medidas coercitivas, resalta
que se trata de acusados, es decir, de personas que aún no son culpables.
“Si hay culpables que paguen, pero que paguen de manera
ejemplar. El Ministerio Público de ninguna manera puede jugar a que se caiga el
proceso”, puntualiza.
Según él, la Procuraduría debe demostrar que hay elementos de
culpabilidad por parte de funcionarios y exfuncionarios, legisladores y
exlegisladores.
Aunque apoya la sentencia, por tratarse de personas
inveteradas, critica la disidencia de la magistrada Germán Brito.
Para él, la sentencia fue “salomónica”, pues “satisfizo” a
las partes, porque “dejó a todo el mundo satisfecho”.
Lo dice a propósito de que a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa
no se les varió las medidas de coerción, por lo que deben continuar en la
prisión de Najayo, hasta cumplir un año y nueve meses.
Empero, cada tres meses
pueden revisar la medida.
Se recuerda que Juan Temístocles Montás, Ruddy González,
Radhamés Segura y Andrés Bautista recibieron una garantía economía de 15
millones de pesos cada uno, así como impedimento de salida del país y la
obligación de presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la
Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa.
Fuente: www.hoy.com.do
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