Odebrecht halló en República Dominicana ambiente para sus sobornos
La brasileña
Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción en la
historia reciente, encontró en República Dominicana un lugar propicio. Tanto,
que la empresa trasladó su oficina de gestión de sobornos a la nación caribeña,
donde funcionarios locales se beneficiaron con casi 100 millones de dólares.
Sin embargo,
cinco meses después de que fue revelado el esquema de sobornos, nadie en el
país caribeño ha sido castigado, ni siquiera identificado, como beneficiario de
las millonarias coimas, lo cual ha generado indignación tanto en grupos civiles
como políticos.
Los críticos
esperan que al menos el silencio termine el viernes, cuando se espera que la
compañía entregue a la Procuraduría los nombres de los beneficiarios como parte
de un acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar a los ejecutivos
de la compañía y le permite continuar sus operaciones en el país.
De acuerdo
con documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense,
ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado unos 788 millones de dólares a
funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África para conseguir
contratos millonarios con los gobiernos.
En República
Dominicana, a partir de 2001, Odebrecht distribuyó 92 millones de dólares en
sobornos para obtener 17 contratos de construcción de carreteras, presas y una
termoeléctrica. Uno de los principales implicados trabajó como asesor del
presidente Danilo Medina en sus dos campañas electorales.
Cuando
comenzó a sentirse acosada por la investigación judicial que inició Brasil tras
descubrir los millonarios sobornos, Odebrecht trasladó a República Dominicana
en octubre de 2014 el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que en
realidad era la oficina de gestión de las coimas.
La razón de
ese traslado fue “seguridad, principalmente seguridad empresarial”, argumentó
Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, director de ese despacho, según su
declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
El
procurador general Jean Alain Rodríguez, miembro del comité central del partido
gobernante, suscribió en enero un acuerdo con ejecutivos de Odebrecht mediante
el cual la compañía podrá continuar sus operaciones en el país y sus ejecutivos
no serán acusados judicialmente, a cambio de información que permita procesar a
funcionarios locales y una multa de 184 millones de dólares que serán pagados
en un periodo de ocho años. Es el primer acuerdo de ese tipo que la compañía
logra suscribir con un gobierno fuera de Brasil.
Se trata de
un “acuerdo de impunidad”, consideró Manuel Robles, miembro del grupo civil
Marcha Verde, creado en medio de las protestas callejeras en demanda de una
investigación independiente de los sobornos y castigos a los implicados.
El
procurador Rodríguez aseguró que la lista de sobornados será entregada por
Odebrecht el 19 de mayo, aunque los activistas de la Marcha Verde y otros
grupos desconfían que se conozcan a todos los implicados.
“Para
Odebrecht, República Dominicana no fue un país cualquiera”, comentó Robles. “El
pueblo dominicano ha sido vilmente afectado por una empresa mafiosa en
complicidad con políticos, con funcionarios ladrones”.
Desde que
comenzó a operar en República Dominicana en 2001, Odebrecht suscribió 17
contratos por un monto total de unos 5.000 millones de dólares, cerca del 7%
del PIB local en un país donde la gran mayoría gana menos de 200 dólares al
mes.
“Aquí hay
ruta del dinero, debe haber registros, debe haber información”, consideró
Rosalía Sosa, directora del grupo civil Participación Ciudadana, que reclama
una investigación más profunda por parte de la Procuraduría.
De los 17
contratos, 15 fueron suscritos en las cuatro administraciones consecutivas del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del que forma parte el presidente
Danilo Medina y que es encabezado por el exmandatario Leonel Fernández.
La
popularidad del PLD se debe en parte a que el país ha tenido el mayor
crecimiento económico de América Latina durante la última década y a sus
extensos programas de asistencia social.
Fernández se
ha abstenido de hablar sobre los sobornos, sin embargo, Medina defendió en
febrero el acuerdo que impide procesar a los ejecutivos de Odebrecht.
Entre los
contratos de Odebrecht se encuentra la obra insignia del gobierno de Medina:
una planta termoeléctrica de carbón que con una inversión de unos 2.000
millones de dólares generará 720 megavatios.
La
termoeléctrica de Punta Catalina, 60 kilómetros al oeste de Santo Domingo, fue
licitada en 2013 en medio críticas de grupos ecologistas y cuestionamientos de
la sociedad civil y partidos de oposición que aseguraron que la obra fue
sobrevaluada en al menos 600 millones de dólares. Odebrecht ganó la licitación,
pese a que presentó la oferta más cara y más de 500 millones de dólares por
encima del límite que había establecido el Congreso.
Ante la
presión de la sociedad civil, Medina creó en enero una comisión para investigar
la licitación.
“Tengo
absoluta certeza de que el comité de licitación y los equipos técnicos hicieron
un proceso transparente; realizaron una asignación justa al que ganó, al que
hizo la mejor oferta”, aseguró Rubén Bichara, director del organismo rector del
sector eléctrico.
La planta
está prevista que comience a funcionar este año.
Otros de los
aspectos que los grupos civiles exigen investigar es la vinculación de Medina
con el mercadólogo Joao Santana, una de las figuras claves en el esquema de
sobornos.
Santana fue
estratega de la campaña electoral de Medina en 2012 y trabajaba en el proyecto
reelecionista del mandatario cuando se ordenó su arresto en Brasil en 2016.
También fue estratega electoral de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da
Silva, Dilma Roussef, en Brasil; Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, y
Mauricio Funes, en El Salvador.
Ramón
Peralta, ministro de la Presidencia, aseguró en abril que cuando las
investigaciones concluyan quedará demostrado que las campañas electorales de
Medina no recibieron dinero de la empresa brasileña.
“Nosotros
financiamos nuestra propia campaña y a Joao Santana lo pagamos nosotros”,
insistió Medina en marzo.
Mientras en
República Dominicana no se conocen los nombres de ninguno de los implicados en
los sobornos, en Brasil, Colombia, Panamá y Perú las investigaciones han
generado cientos de acusaciones, incluidas contra expresidentes.
La
Procuraduría peruana investiga a tres expresidentes, ha enviado a prisión a
cinco funcionarios y emitió orden de arresto contra el exmandatario Alejandro
Toledo, hoy prófugo, por presuntamente recibir unos 20 millones de dólares.
Según las autoridades judiciales, otros 100 funcionarios podrían ser
procesados.
En
Venezuela, donde Odebrecht distribuyó 98 millones de dólares en sobornos, las
autoridades congelaron los bienes de la empresa, allanaron sus oficinas en
Caracas y pidieron información sobre las transacciones a los gobiernos de
Brasil y Suiza.
Aunque
algunos testigos han implicado ante las autoridades de Brasil al presidente
venezolano Nicolás Maduro, ni el mandatario ni el gobierno han comentado de
forma pública sobre esos testimonios.
En Ecuador,
donde la compañía pagó unos 33,5 millones de dólares en sobornos, el gobierno
detuvo a un empresario y a un ex ministro de electricidad vinculados a los
sobornos, y comenzó a revisar los 30 contratos suscritos con Odebrecht desde
1990. Debido al escándalo, la compañía no puede operar en ese país. AP
Comentarios
Publicar un comentario