Primer revés judicial para el nuevo decreto antiinmigración de Trump
El nuevo
decreto migratorio del presidente Donald Trump enfrentó su primer obstáculo
judicial, después de que un juez federal suspendiera la aplicación de la medida
para la esposa y la hija de un refugiado sirio en Estados Unidos.
En paralelo,
varias organizaciones defensoras de los derechos cívicos y de los refugiados
anunciaron que enviarán un recurso a la justicia contra el decreto, que será
examinado el 15 de marzo próximo, la víspera de su entrada en vigor.
El juez
federal de Wisconsin William Conley impidió el viernes en un fallo preliminar
que se prohíba la llegada de la esposa y la hija de este refugiado sirio, al
considerar que corren "el riesgo de sufrir un daño irreparable" si se
aplica el decreto de Trump, que niega la admisión de refugiados a Estados
Unidos durante 120 días.
El
demandante, un musulmán sunita que huyó de la guerra en Siria en 2014 para
evitar una "muerte casi asegurada", según los documentos enviados al
tribunal, recibió el estatuto de refugiado en Estados Unidos, y luego presentó
la demanda de asilo para su esposa e hija, quienes permanecen en Alepo.
Su solicitud
estaba a punto de recibir luz verde cuando se vio obstaculizada por el decreto
antimigratorio de Trump, que también prohíbe la entrega de visados durante 90
días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Aunque la
decisión del juez Conley se aplica únicamente a este sirio y a su familia -cuya
identidad quisieron preservar-, tiene una fuerte carga simbólica, al ser la
primera medida judicial contra esta nueva orden ejecutiva de Trump, una versión
modificada del decreto implementado el 27 de enero.
Éste fue
suspendido el 3 de febrero por un juez federal de Seattle después de que
provocara una ola de indignación dentro y fuera del país.
"Daño irreparable"
De acuerdo
con la decisión del magistrado, los argumentos del demandante "tienen
posibilidades de ser validados", principalmente porque si la familia tiene
que permanecer en Siria, puede sufrir "un daño irreparable".
El juzgado
de Wisconsin estableció una audiencia para el 21 de marzo y, admitiendo
posibles "diferencias importantes" entre las dos versiones del
decreto, indicó que los argumentos que favorecen la suspensión podrían ser
confrontados por "otros tribunales".
El nuevo
decreto migratorio de Trump ya está siendo atacado en las instancias judiciales
por varios estados como Washington, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva
York, Oregón y Hawái, así como organizaciones en defensa de los derechos
civiles.
Tanto este
nuevo decreto como el anterior estuvieron "motivados por un sentimiento
antimusulmán y discriminatorio basados explícitamente en los orígenes
nacionales", denuncian estas asociaciones.
La ACLU y el
National Immigration Law Center interpusieron un recurso en nombre del Proyecto
Internacional de Asistencia a Refugiados y el grupo de reasentamiento de
refugiados HIAS, así como de varias personas.
El recurso
argumenta que la nueva orden ejecutiva viola la protección constitucional de
libertad de credo y que el decreto está "diseñado con el objetivo de
discriminar a musulmanes".
La Casa
Blanca defiende el decreto para reforzar la seguridad nacional y aplicar una
política de "verificación extrema" en las fronteras para impedir las
infiltraciones de extremistas yihadistas.
Las partes
afinan sus argumentos de cara a las diversas audiencias cruciales previstas el
15 de marzo.
Paralelamente,
Trump ha demostrado en los últimos días una mayor voluntad de retomar el
control judicial del país.
El Departamento
de Justicia pidió el viernes la renuncia de 46 fiscales federales que nombró
Obama y que seguían en sus cargos.
El de mayor
perfil público, Preet Bharara, fiscal federal del distrito sur de Nueva York,
aseguró el sábado que fue despedido después de negarse a renunciar la víspera.
"No
dimití. Fui despedido hace unos instantes", escribió en su cuenta de
Twitter.AFP
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