Guatemala: Trasladan a niñas quemadas a hospital de EEUU
GUATEMALA.- Cuatro menores que sufrieron
quemaduras en un incendio en una casa hogar en Guatemala viajaron a Estados
Unidos para recibir atención médica, mientras las autoridades investigan las
causas del fuego en el que murieron 39 niñas y jóvenes.
Las menores
fueron trasladadas la noche del sábado en dos avionetas ambulancia al Hospital
Shriners para Niños en Galveston, Texas, gracias a las gestiones y apoyo
financiero de esa institución, confirmó la presidencia.
Horas antes,
un juez prohibió salir del país al exsecretario de Bienestar Social, Carlos
Rodas, como medida preventiva mientras se investiga el incendio en la casa
hogar bajo su responsabilidad jerárquica.
La vocera de
la fiscalía, Julia Barrera, confirmó la prohibición para que permanezca en el
país durante las investigaciones.
La
presidencia aceptó la renuncia que Rodas presentó el viernes por la noche.
También se prohibió la salida del país de varios trabajadores del Hogar Seguro
Virgen de la Asunción.
La
institución se incendió el miércoles luego de una revuelta de menores aquejadas
por abusos. Según testimonios recibidos por la fiscalía y funcionarios, el
fuego fue iniciado por las menores que protestaban por abusos en su contra y se
agravó porque estaban encerradas bajo llave.
El Hospital
Roosevelt informó de la muerte de dos niñas el sábado, lo que se suma a los 37
decesos reconocidos la víspera por el gobierno.
Unas tres
mil personas se manifestaron el sábado frente al Palacio Nacional para exigir
justicia por la muerte de las niñas. Al grito de “íjusticia!” los inconformes
contaron hasta 39 en forma simbólica por las fallecidas. “Nos faltan 39”,
decían.
El
presidente Jimmy Morales dijo el viernes en una entrevista televisiva con la
cadena CNN En Español que las niñas estaban encerradas porque “se quería evitar
una tragedia”.
Previamente
ese día, el mandatario reconoció en conferencia de prensa que “el Estado de
Guatemala es responsable de la tragedia sucedida”, ya que todas las
instituciones estatales a cargo de los menores tienen cierta responsabilidad.
El Estado
mantenía internados en el lugar a por lo menos 600 menores, entre niñas y
varones. Desde el 2015 la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones
defensoras de la niñez habían denunciado vejámenes a los menores en el lugar
que incluían abusos sexuales, físicos y psicológicos. La fiscalía investiga una
denuncia de trata con fines de prostitución en el lugar.
Cansados de
maltratos y vejaciones los menores optaban por fugarse, como el martes, un día
antes del incendio. Al ser recapturadas, las niñas habrían prendido fuego a
colchonetas como forma de protesta, las llamas se extendieron y 19 de ellas
perecieron en el lugar. Las otras 19 murieron en hospitales.
La mayoría
de los familiares dicen que las niñas estaban ahí por malos comportamientos o
rebeldías propias de la edad.
Claudia
Tecún lloraba el viernes a la entrada del Hospital Roosevelt en Ciudad de
Guatemala. Su hija Noemi, de 17 años, recibía tratamiento por quemaduras que
cubrían el 70% de su cuerpo y los doctores no le daban muchas esperanzas de
vida.
Familiares y
amigos empezaron a sepultar el viernes a las menores fallecidas. Siona
Hernández García fue una de las primeras menores del albergue en ser enterrada.
Un ataúd blanco, como se acostumbra para los niños, guardó sus restos y fue
depositado en un humilde nicho del Cementerio General, en la capital
guatemalteca.
Carlos Soto,
director del Hospital San Juan de Dios, dijo el viernes a la AP que médicos
especialistas estadounidenses llegaron desde Galveston, Texas, para ayudar
evaluar a las menores y apoyar en su tratamiento, y confirmó que la
Procuraduría General de la Nación consiguió visas humanitarias para ocho de
ellas, con la intención de que sean trasladadas a Estados Unidos para ser
atendidas.
Soto dijo el
sábado que se espera que el fin de semana al menos cuatro niñas quemadas viajen
a territorio estadounidense. Indicó que las menores presentan quemaduras en el
rostro, el torso y las piernas, incluso algunas con pérdida de pulso en sus
extremidades.
Esmeralda
Argueta era vecina de Ana Roselia Pérez Junay, de 14 años, que murió tras el
incendio. Argueta cuenta que acompañó a los
padres de la niña desde una aldea en el departamento de Chimaltenango a
la ciudad.
“Estaban muy
asustados”, dice. “Desde el martes fuimos a hospitales y luego a la morgue; no
nos daban razón de ella. Hoy nos llamaron para decirnos que la niña estaba
entre las muertas”.
Hace dos
años un juez les quitó a los padres a sus siete hijos, incluida Ana Roselia,
por una denuncia de malos tratos que hizo una persona, cuenta la vecina.
“La última
vez que vimos a la Chela (como le decían de cariño a la niña) fue hace dos
meses, cuando se escapó del Hogar, donde estaba desde hace dos años”, relató la
vecina. “Son muy pobres, pero aunque sean pobres les daban de comer a sus
hijos, no los dejaban. Decían que los maltrataban, pero no era así”.
“Ella (la
menor fallecida) decía que en el hogar (del Estado) les pegaban. Ya no quería
estar ahí, tenía dos meses que la habían recapturado porque se había escapado
con otras niñas”, contó Argueta.
El Estado ha
decidido pagar los entierros y servicios funerarios de las menores.
“Que no
crean que porque nos dan una caja o la llevan al cementerio ahí termina todo.
No, aquí debe haber justicia”, afirma.
Geovany
Castillo relató el jueves a la AP que su hija de 15 años, que sufrió quemaduras
en la cara, brazos y manos, le contó que “el lugar estaba cerrado con llave,
que entre varias niñas derribaron la puerta… Que se salvó porque puso una
sábana mojada sobre ella”.
El
agricultor de 33 años agregó que “me dijo que sus compañeras le contaron que
ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta, para llamar la
atención, les prendieron fuego a las colchonetas”.
Y aunque
Morales ha reconocido que el sistema de protección estatal a menores “es un
sistema rígido que se vuelve insensible”, y ha prometido reformarlo para
proteger a 1.500 niños que están en centros públicos en todo el país, muchos
levantan la voz y exigen justicia por la muerte de las jovencitas.
Morales ha
reconocido que la situación ha puesto en un momento crítico a su gobierno.AP
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