Salud, agua y pactos educativo, eléctrico y fiscal: principales desafíos del próximo gobierno
El Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a
la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), publicó la
investigación “Los desafíos de políticas públicas para el cuatrienio
2016-2020”, que revela los principales retos que enfrentará el próximo gobierno
que inicia formalmente este 16 de agosto.
El estudio examina los avances y desafíos en cinco aéreas
fundamentales de políticas públicas contempladas en la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END): agua potable y saneamiento, Pacto Educativo, salud y
seguridad social, Pacto Eléctrico y Pacto Fiscal.
«Las políticas públicas que resulten del próximo cuatrienio
tendrán gran influencia en la capacidad del país para lograr las metas de la
ambiciosa END y así incrementar de manera sostenida el desarrollo humano de los
habitantes», advierte Fanny Vargas, coordinadora de la Unidad de Políticas
Públicas del OPD-Funglode y autora de esta publicación.
Pacto Educativo
Tras el aumento de la asignación presupuestaria de 4 % del
PIB a la educación pública logrado en 2012, la investigación señala que los
avances registrados en el cumplimiento del Pacto Educativo son significativos.
«El gasto se ha destinado mayormente a la educación primaria
y secundaria pública, a través del plan “Quisqueya Empieza Contigo”, abriendo
acceso a los más pobres», precisa.
La investigación destaca otras conquistas de este sector:
entre 2011 y 2014 los salarios bases de los docentes se incrementaron en más de
40 %; se han implementado diversos programas como el «Bono Escolar Estudiando
Progreso» para luchar contra el abandono escolar y ha aumentado el porcentaje
de jóvenes que optan por una educación de modalidad técnico-profesional.
Sin embargo, Vargas sostiene que el reto más difícil ha sido
implementar el currículo efectivamente, ya que las deficiencias estructurales
que impiden su adopción son grandes.
«La principal deficiencia es la calidad de los docentes, que
muestran poco dominio del currículo actual y poca capacidad pedagógica. La
implementación de los Estándares, que permitiría dar de baja a los docentes que
tengan pobre desempeño y fomentar la permanencia en el aula de los docentes
efectivos, no ha iniciado a pesar que estos están aprobados desde 2014»,
indica.
A pesar de los avances, el nivel general de la educación
sigue siendo bajo: República Dominicana obtuvo la peor puntuación en todas las
asignaturas entre los 15 países que participaron en TERCE, indica el estudio
del OPD-Funglode.
De acuerdo con esta investigación, otros retos del sector
Educación son la expansión de la cobertura, sistemas de evaluación docente y la
modernización institucional.
Pacto Eléctrico
El estudio del OPD-Funglode pone en perspectiva los
principales problemas del sector eléctrico y las posiciones conflictivas de los
sectores que participan en el dialogo del Pacto Eléctrico, que a un año y medio
de su lanzamiento aun no se ha logrado concretar por falta de consenso.
Vargas plantea que las problemáticas relativas a este pacto
giran en torno cuatro ejes: generación, transmisión, distribución y regulación.
Según el informe, la generación constituye el área más
conflictiva de este pacto debido a que el 85 % de la energía depende del
petróleo y derivados, lo que la encarece ya que el combustible debe ser
importado y representa un riesgo ante cualquier aumento de los precios
internacionales del crudo.
Otro factor que contribuye al alto precio de la generación
son los contratos de venta de energía de los generadores a las distribuidoras
firmados en el Acuerdo de Madrid, que sobreindexan el combustible en el cálculo
del precio de venta de la energía. Esto se conjuga con la necesidad de definir
si la generación de Punta Catalina se mantendrá como propiedad estatal o se
licitará, explica el análisis.
Sobre la transmisión, que es administrada por el Estado, los
puntos principales de conflicto son la operación de las líneas de transmisión
privadas y la interconexión de los sistemas aislados al Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado (SENI), ya que estos son manejados por el sector
privado.
Vargas argumenta que el principal fracaso del sector
eléctrico está en la distribución, caracterizada por las fuertes pérdidas
técnicas y no técnicas que tienen las empresas distribuidoras (EDES).
«El nivel de pérdidas promedio de las tres distribuidoras se
estimó en 33.1 % en 2013, cuando el estándar internacional de pérdidas es de
10-12 %. El 67 % de las pérdidas son no técnicas, es decir, robo de
electricidad y fraude; el 33 % restante son pérdidas técnicas, resultante de
equipo obsoleto, niveles de tensión insuficientes y otras ineficiencias en el
proceso de distribución».
El déficit se ve agravado por la estructura tarifaria que no
cubre los costos de generación, transmisión y distribución, sumado a los gastos
que genera el Programa de Reducción de Apagones (PRA), el cual subsidia a
460,000 hogares en barrios pobres a los que se les cobra una tarifa fija.
Respecto a la regulación, el estudio del OPD-Funglode destaca
que el sector eléctrico adolece de duplicidad de funciones. «La Ley núm. 125-01
establece que la responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía es trazar
las políticas sectoriales, la regulación corresponde a la Superintendencia de
Electricidad y la CDEEE quedaría manejando los contratos con los Productores
Independientes de Electricidad (IPP), ciertas deudas con organismos
multilaterales y continuaría el proceso de electrificación rural».
Sin embargo, el análisis enfatiza que ninguna de las
instituciones ha sido capaz de asumir cabalmente sus funciones.
«Lograr la firma del Pacto sería una victoria para el
presidente Medina, pero es evidente que se requiere un esfuerzo por
flexibilizar las posiciones del Gobierno ante los reclamos de los sectores
convocados», argumenta Vargas.
Pacto Fiscal
La investigación del OPD-Funglode advierte que el llamado a
un pacto fiscal debe analizarse desde la óptica de las necesidades de ingreso
del Gobierno, tomando en cuenta que la presión fiscal en el país es reducida.
«En 2015 esta presión, medida a través de los ingresos
tributarios del Gobierno como porcentaje del PIB, fue de aproximadamente 13.8
%, mientras que el promedio para América Latina y el Caribe fue de 15.5 % en
2013», precisa el documento.
El informe explica que para conseguir los ingresos
necesarios, el Gobierno recurre a los llamados «paquetazos fiscales» con
frecuencia (2001, 2005, 2006, 2007, 2012). «El gasto se concentra en los
servicios de Educación, Salud, Protección social y Pago de la deuda pública, y
el monto del gasto ha mostrado un aumento veloz empujado por varias
tendencias», agrega.
Vargas indica que los subsidios consumen una fuerte
proporción de los recursos públicos, en especial el subsidio eléctrico, que surge
de la necesidad de cubrir las pérdidas operacionales las empresas
distribuidoras de electricidad. Aquí es obvia la fuerte vinculación que tiene
el problema eléctrico con la sostenibilidad de las finanzas públicas, advierte
el informe del OPD-Funglode.
El análisis precisa que urge mejorar la eficiencia en la
recolección y la persecución del fraude, pues el 30 % del ITBIS y más del 50 %
del Impuesto Sobre la Renta se pierden.
Fuente: www.hoy.com.do
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